- El presupuesto aprobado para el próximo año prioriza la protección de víctimas y la digitalización de servicios
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Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y administrativas, presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su proyecto presupuestal para el ejercicio 2026. Tras su análisis, la Cámara de Diputados aprobó un monto de 1,784.3 millones de pesos, es decir, 50 millones menos de lo solicitado originalmente.
Aun con dicho ajuste, la CNDH destacó que el presupuesto aprobado representa un incremento nominal de 3.6% respecto a 2025, aunque en términos reales se traduce en un crecimiento del 0%, lo cual —afirmó— reafirma su compromiso con la austeridad, la eficiencia administrativa y la protección de las víctimas.
Presupuesto orientado a funciones sustantivas
La Comisión detalló que el 87.8% del presupuesto 2026 se destinará a sus funciones sustantivas. De este porcentaje, alrededor del 75% —dos puntos más que en 2025— se asignará directamente a tareas de protección y atención a víctimas, como investigación de quejas, integración de expedientes, elaboración y seguimiento de recomendaciones, así como a los Mecanismos Especiales de Prevención de la Tortura y de Atención a Personas con Discapacidad.
Austeridad y modernización
La institución subrayó que el diseño de su presupuesto incorpora los principios de austeridad, racionalidad y optimización de recursos, además de avanzar en la simplificación administrativa y la digitalización de servicios, lo que implicará un incremento dirigido al fortalecimiento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Fortalecimiento del nuevo modelo de defensa
La CNDH informó que continuará consolidando su nuevo modelo de defensa de los derechos humanos, que integra monitoreo, evaluación y seguimiento de políticas públicas nacionales, especialmente en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Asimismo, reiteró que su ejercicio presupuestal se orienta a garantizar un manejo transparente, responsable y sin generar presiones adicionales al gasto público, en apego a los ejes estratégicos y metas programáticas de cada área.
Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
