• La organización advierte que esta práctica profundiza la impunidad y vulnera derechos de las víctimas.

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Amnistía Internacional denunció que la Justicia Penal Militar (JPM) continúa interviniendo en investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por miembros de la Fuerza Pública colombiana, pese a prohibiciones expresas en normas nacionales e internacionales. La organización advirtió que esta intromisión ha derivado en graves obstáculos para las víctimas y en un escenario persistente de impunidad.
De acuerdo con el informe ¿Insistir, persistir, resistir y nunca desistir?, la intervención de la JPM vulnera el acceso a la justicia y profundiza los daños provocados por la impunidad. “La intromisión de la Justicia Penal Militar en posibles violaciones de derechos humanos no es un error técnico: es un obstáculo estructural que contribuye a la impunidad”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Contradicciones legales y décadas de rezagos

El estudio subraya que, según estándares internacionales, los jueces militares no deben juzgar a civiles ni casos de derechos humanos. Sin embargo, en Colombia la JPM continúa investigando a miembros de la Policía Nacional, pese a que esta institución es de carácter civil. Amnistía Internacional advirtió que este conflicto solo podría resolverse de forma definitiva mediante una reforma constitucional.
Pese a reformas legales y decisiones de la Corte Constitucional, la justicia militar sigue asumiendo investigaciones por presuntas violaciones a la vida e integridad personal. Esta práctica afecta procesos relacionados con desapariciones forzadas de los años 80, como las de Luis Fernando Lalinde y Nydia Erika Bautista, así como casos de personas heridas o asesinadas durante protestas de las últimas dos décadas. La organización documentó desvíos erróneos de expedientes hacia la JPM, lo que entorpece la acción de la justicia ordinaria.

Revisión de casos y recomendaciones

El informe incorpora información de la Fiscalía General, la JPM y la Corte Constitucional, y revisa 398 conflictos de jurisdicción resueltos entre febrero de 2021 y octubre de 2024. Amnistía Internacional concluyó que reclamar justicia puede tomar años debido a barreras institucionales que favorecen la impunidad. “La competencia de la Justicia Penal Militar debe limitarse estrictamente a delitos cometidos por militares en servicio activo y no puede extenderse a violaciones de derechos humanos ni a civiles”, enfatizó Piquer.
Como medidas urgentes, la organización llamó al Estado colombiano a excluir constitucionalmente a la Policía Nacional de la jurisdicción militar, precisar mediante reformas legales los límites de la JPM, evitar la apertura de investigaciones en tribunales castrenses por hechos de derechos humanos, trasladar los casos ya abiertos a la justicia ordinaria y capacitar al personal judicial en estándares internacionales.

Fuente: Amnistía Internacional